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Desarrollo y comercialización de software para estaciones de servicio y consumos propios

¡Nunca más! : sobre los sistemas informáticos y el Real Decreto Ley 6/2022, del 28 de marzo

La expresión ‘Nunca más’, acuñada en 2002 tras el hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas, resumía el sentir de la ciudadanía por las graves consecuencias económicas y medioambientales que tuvo este desafortunado accidente. Esta frase vuelve a cobrar plena vigencia en el sector de distribución de hidrocarburos tras la publicación del igualmente desafortunado Real Decreto ley 6/2022 de 29 de marzo.
Es obvio que los principales perjudicados por este RDL son los minoritas (estaciones de servicio y gasocentros), que se ven obligados a adelantar al Estado las bonificaciones aplicadas al precio del carburante, y sobre cuyos cobros y anticipos aún hay mucha incertidumbre. También han sufrido las adaptaciones aceleradas que se han visto forzados a soportar en sus sistemas informáticos, con implicaciones de relevancia en su actividad diaria.

Pero como responsable de una de las principales empresas de sistema informáticos para el sector de hidrocarburos en España, me veo en la obligación de visibilizar lo que este RDL ha significado para nuestra actividad. Hablo en nombre propio, pero soy consciente de que la mayoría de mis colegas comparten mi opinión.

Antonio Martín, directos general de Aseproda

En primer lugar, debo dar la enhorabuena a todas las empresas que ofrecen soluciones informáticas para el sector, porque todos hemos sido capaces de adaptar los sistemas para que nuestros clientes pudieran cumplir con la Ley en tan ridículo margen de tiempo. La inmensa mayoría de los sistemas informáticos estaban ya ofreciendo los 20 céntimos de descuento el viernes 1 de abril a las 00:00 horas. Es cierto que en muchos casos las operativas se habían complicado, que aún había gran incertidumbre sobre la forma en que debía calcularse las bases y cuotas de IVA, que quedaban muchas cuestiones por resolver, y que algunos sistemas terminaron colapsando, pero la mayoría de las estaciones estaban funcionando y cobrando correctamente.

Es mi objetivo hacer participe a todos los actores del sector, incluida la Administración Pública, de las condiciones en las que nos estamos viendo obligados a trabajar los profesionales de la informática como consecuencia de este Real Decreto ley, de los riesgos que corremos, de los costes que nos está ocasionando, de la presión que soportamos y del absoluto desprecio que sufrimos por parte de la Administración.

Quien lo ha redactado no ha sido capaz de medir las consecuencias para los sistemas informáticos de un cambio de tal calibre. Seguramente, el legislador debe pensar que la informática es algo mágico, que puede hacer cualquier cosa que se le pida con sólo chasquear los dedos. Ya sabemos que nuestros legisladores se rodean de una ingente cantidad de asesores, pero se ve que ninguno de ellos es informático.

No se han tenido en cuenta las necesarias fases que cualquier desarrollo informático debe cumplir para garantizar la idoneidad y fiabilidad de los mismos. No ha habido tiempo para hacer lo que cualquier profesional de la informática que merezca este nombre sabe que hay que tener en cuenta:

Analizar los cambios, su alcance y sus consecuencias, consensuándolos con el resto de agentes implicados: usuarios, asesores, contables, Administración Pública, operadoras petrolíferas, emisores de tarjetas, etcétera. Algunos de los aspectos a modificar ni siquiera estaban claros debido a la defectuosa y ambigua redacción de algunos puntos de este RDL. No se nos ha dado la oportunidad de aclararlos.

Planificarlos, conformando los grupos de trabajo y compatibilizándolos con el resto de actividad habitual.

Ejecutarlos, lo que implica modificar “los planos del software”, cambiar las aplicaciones y documentar los cambios. En este caso los cambios no han sido precisamente menores.

Probarlos, estableciendo instalaciones piloto, donde se pueda testar con los usuarios y con el resto de agentes implicados que los desarrollos son correctos y cumplen con los requerimientos iniciales.

Desplegarlos en miles de estaciones, cada una de ellas con sus propias particularidades.

Capacitar a los usuarios en los cambios establecidos. Formándolos, cambiando los manuales, las ayudas on-line, los cursos on-line, etc.

Revisar lo desplegado, escuchando a todos los usuarios, atendiendo a sus particularidades y afinando la operativa o cualquier aspecto que lo requiera.

Nada de esto se ha podido realizar con normalidad con este Real Decreto ley. Nuestro trabajo se ha visto dinamitado, y se nos ha puesto en una difícil situación. En menos de 48 horas nos hemos jugado nuestro prestigio, adquirido durante décadas de trabajo. Si algo sale mal, te conviertes en el paria del sector, el que ha fallado.

También nos hemos jugado nuestro patrimonio. Si las declaraciones a la AEAT se hacen mal, puede haber sanciones a nuestros clientes y demandas de responsabilidad civil a nuestras empresas. Nos hemos jugado nuestra salud, trabajando sin descanso todos los días de la semana, 16 horas al día. Nos hemos visto obligados, por el mismo Estado, a incumplir con la vigente legislación laboral.

Ya sé que algunos podrían pensar que somos unos egoístas, que nuestro sacrificio y el de las estaciones de servicio son un mal necesario, indispensable para alcanzar un bien común de mucho mayor alcance para el resto de la población, como es bajar el precio de los carburantes. Pero a nadie se le escapa que este mismo objetivo se podría haber alcanzado haciendo las cosas de otra forma. Hace sólo unas semanas asistimos a la modificación del tipo de IVA sobre la electricidad. En el caso que nos ocupa, se podría haber actuado sobre el IVA o sobre el impuesto especial sobre hidrocarburos, sin necesidad de crear tanto gasto adicional, caos y malestar ¿Por qué se ha hecho entonces de esta manera? Es la pregunta que todos nos hacemos. Todos queremos pensar que hay motivos más importantes que el simple hecho de que en los tickets de los consumidores aparezcan las palabras “Bonificación del Estado” seguida de un puñado de euros.

Una de las consecuencias de todo este sinsentido es que los profesionales de la informática estamos decididos a no dejarnos avasallar de nuevo por este tipo de situaciones. Hay un antes y un después de este Real Decreto ley. El siguiente paso es unirnos, alrededor de los colegios profesionales y de otro tipo de organizaciones para conseguir que en las leyes donde se vea afectado el funcionamiento de los sistemas informáticos, se garantice la preservación de nuestros legítimos derechos y los de nuestros clientes. Será un camino largo, puede que de años, pero estamos decididos a recorrerlo. Esto no puede volver a suceder. ¡Nunca más!

Esta noticia fue publicada en la web de la revista Estaciones de Servicio.

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