La expresión ‘Nunca más’, acuñada en 2002 tras el hundimiento del
petrolero Prestige en las costas gallegas, resumía el sentir de la
ciudadanía por las graves consecuencias económicas y medioambientales que
tuvo este desafortunado accidente. Esta frase vuelve a cobrar plena
vigencia en el sector de distribución de hidrocarburos tras la publicación
del igualmente desafortunado Real Decreto ley 6/2022 de 29 de
marzo.
Es obvio que los principales perjudicados por este RDL son los minoritas
(estaciones de servicio y gasocentros), que se ven obligados a adelantar
al Estado las bonificaciones aplicadas al precio del carburante, y sobre
cuyos cobros y anticipos aún hay mucha incertidumbre. También han sufrido
las adaptaciones aceleradas que se han visto forzados a soportar en sus
sistemas informáticos, con implicaciones de relevancia en su actividad
diaria.
Pero como responsable de una de las principales empresas de sistema
informáticos para el sector de hidrocarburos en España, me veo en la
obligación de visibilizar lo que este RDL ha significado para nuestra
actividad. Hablo en nombre propio, pero soy consciente de que la mayoría
de mis colegas comparten mi opinión.
En primer lugar, debo dar la enhorabuena a todas las empresas
que ofrecen soluciones informáticas para el sector, porque todos hemos
sido capaces de adaptar los sistemas para que nuestros clientes pudieran
cumplir con la Ley en tan ridículo margen de tiempo. La inmensa mayoría de
los sistemas informáticos estaban ya ofreciendo los 20 céntimos de
descuento el viernes 1 de abril a las 00:00 horas. Es cierto que en muchos
casos las operativas se habían complicado, que aún había gran
incertidumbre sobre la forma en que debía calcularse las bases y cuotas de
IVA, que quedaban muchas cuestiones por resolver, y que algunos sistemas
terminaron colapsando, pero la mayoría de las estaciones estaban
funcionando y cobrando correctamente.
Es mi objetivo hacer participe a todos los actores del sector, incluida la
Administración Pública, de las condiciones en las que nos estamos viendo
obligados a trabajar los profesionales de la informática como consecuencia
de este Real Decreto ley, de los riesgos que corremos, de los costes que
nos está ocasionando, de la presión que soportamos y del absoluto
desprecio que sufrimos por parte de la Administración.
Quien lo ha redactado no ha sido capaz de medir las consecuencias para los
sistemas informáticos de un cambio de tal calibre. Seguramente, el
legislador debe pensar que la informática es algo mágico, que puede hacer
cualquier cosa que se le pida con sólo chasquear los dedos. Ya sabemos que
nuestros legisladores se rodean de una ingente cantidad de asesores, pero
se ve que ninguno de ellos es informático.
No se han tenido en cuenta las necesarias fases que cualquier desarrollo
informático debe cumplir para garantizar la idoneidad y fiabilidad de los
mismos. No ha habido tiempo para hacer lo que cualquier profesional de la
informática que merezca este nombre sabe que hay que tener en cuenta:
• Analizar los cambios, su alcance y sus consecuencias,
consensuándolos con el resto de agentes implicados: usuarios, asesores,
contables, Administración Pública, operadoras petrolíferas, emisores de
tarjetas, etcétera. Algunos de los aspectos a modificar ni siquiera
estaban claros debido a la defectuosa y ambigua redacción de algunos
puntos de este RDL. No se nos ha dado la oportunidad de aclararlos.
• Planificarlos, conformando los grupos de trabajo y
compatibilizándolos con el resto de actividad habitual.
• Ejecutarlos, lo que implica modificar “los planos del software”,
cambiar las aplicaciones y documentar los cambios. En este caso los
cambios no han sido precisamente menores.
• Probarlos, estableciendo instalaciones piloto, donde se pueda
testar con los usuarios y con el resto de agentes implicados que los
desarrollos son correctos y cumplen con los requerimientos iniciales.
• Desplegarlos en miles de estaciones, cada una de ellas con sus
propias particularidades.
• Capacitar a los usuarios en los cambios establecidos.
Formándolos, cambiando los manuales, las ayudas on-line, los cursos
on-line, etc.
• Revisar lo desplegado, escuchando a todos los usuarios,
atendiendo a sus particularidades y afinando la operativa o cualquier
aspecto que lo requiera.
Nada de esto se ha podido realizar con normalidad con este Real Decreto
ley. Nuestro trabajo se ha visto dinamitado, y se nos ha puesto en una
difícil situación. En menos de 48 horas nos hemos jugado nuestro
prestigio, adquirido durante décadas de trabajo. Si algo sale mal, te
conviertes en el paria del sector, el que ha fallado.
También nos hemos jugado nuestro patrimonio. Si las declaraciones a la AEAT
se hacen mal, puede haber sanciones a nuestros clientes y demandas de
responsabilidad civil a nuestras empresas. Nos hemos jugado nuestra salud,
trabajando sin descanso todos los días de la semana, 16 horas al día. Nos
hemos visto obligados, por el mismo Estado, a incumplir con la vigente
legislación laboral.
Ya sé que algunos podrían pensar que somos unos egoístas, que nuestro
sacrificio y el de las estaciones de servicio son un mal necesario,
indispensable para alcanzar un bien común de mucho mayor alcance para el
resto de la población, como es bajar el precio de los carburantes. Pero a
nadie se le escapa que este mismo objetivo se podría haber alcanzado
haciendo las cosas de otra forma. Hace sólo unas semanas asistimos a la
modificación del tipo de IVA sobre la electricidad. En el caso que nos
ocupa, se podría haber actuado sobre el IVA o sobre el impuesto especial
sobre hidrocarburos, sin necesidad de crear tanto gasto adicional, caos y
malestar ¿Por qué se ha hecho entonces de esta manera? Es la pregunta que
todos nos hacemos. Todos queremos pensar que hay motivos más importantes
que el simple hecho de que en los tickets de los consumidores aparezcan
las palabras “Bonificación del Estado” seguida de un puñado de euros.
Una de las consecuencias de todo este sinsentido es que los profesionales
de la informática estamos decididos a no dejarnos avasallar de nuevo por
este tipo de situaciones. Hay un antes y un después de este Real Decreto
ley. El siguiente paso es unirnos, alrededor de los colegios profesionales
y de otro tipo de organizaciones para conseguir que en las leyes donde se
vea afectado el funcionamiento de los sistemas informáticos, se garantice
la preservación de nuestros legítimos derechos y los de nuestros clientes.
Será un camino largo, puede que de años, pero estamos decididos a
recorrerlo. Esto no puede volver a suceder. ¡Nunca más!
Esta noticia fue publicada en la web de la revista Estaciones de Servicio.
